Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 23 de Julio de 2018

REF. EXPTE. Nº 79/2018

Artículo 1º:Se sugiere al señor Intendente Municipal Ángel Hernán Ralinqueo que se sirva realizar las gestiones necesarias para suscribir el Convenio con la Oficina Anticorrupción de la Nación y la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2º:Comuníquese a la Oficina Anticorrupción de la Nación y a la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 3º:Los Considerandos forma parte de la Presente.

Artículo 4º:Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

VISTO:

La importancia de transparencia de la información pública,

CONSIDERANDO:

Que los mecanismos para lograr transparencia son necesarios para evitar hechos de corrupción.

Que desde este Concejo Deliberante venimos reclamando al Departamento Ejecutivo acciones de mayor transparencia.

Que durante el año 2017, se han aprobado 29 Comunicaciones con pedidos de informes, siendo respondidos sólo 4.

Que similar actitud ha tenido el Departamento Ejecutivo durante el año 2016.

Que del estudio de la Rendición de Cuentas, la que ha sido desaprobada por mayoría, surgieron numerosas situaciones que entorpecieron el acceso a la información pública a los Concejales particularmente.

Que la información brindada por el Departamento Ejecutivo con motivo del estudio de las cuentas municipales difirió en su contenido entre los soportes papel y digital, extremo que imposibilitó conocer cabalmente el costo de las obras que se ejecutan, solo como uno de los ejemplos.

Que esta circunstancia será denunciada al Honorable Tribunal de Cuentas, puntualizando sobre las irregularidades en contrataciones de servicios, obras y personal, la falta de verificación en la realidad de trabajos que se rindieron como ejecutados como el mantenimiento de los 28.000 km de caminos rurales.

Que esta Municipalidad ha sido víctima del delito de hackeo en sus cuentas, en noviembre de 2016, por un importe de 3,5 millones. Este hecho adquirió difusión nacional por las características de los involucrados en el delito y la acción del Intendente de asistir a numerosos medios de alcance nacional. La Justicia ha probado que la maniobra para hacer efectivo el delito fue el phishing que no puedo existir sin la intervención de una persona de la Administración Municipal con acceso a los datos de las cuentas municipales para que el hacheo fuera realizado. El Intendente municipal a la fecha, no ha iniciado investigación interna para determinar las responsabilidades.

Que en la UFI N° 1 de Delitos Complejos del Dpto. Judicial de Mercedes, tramita Denuncia Penal por desvío de cemento donde fueron acusados funcionarios municipales y el ahora ex funcionario Roberto Fredes. Hecho que el Intendente consideró como “error” pese a la abundante prueba obrante en aquella causa.

Que con la reciente salida del Gabinete Municipal, del Secretario de Políticas Sociales, señor Kurt Rojas, éste ha declarado que “hay una sensación que existe corrupción en el Gobierno Municipal” y desde el Departamento Ejecutivo responden que el Secretario delegó por más de dos años sus responsabilidades y funciones en su sobrino, un agente contratado.

Que recientemente este Honorable Concejo Deliberante recibió información proveniente de la Oficina Anticorrupción relativa a funcionarios públicos locales sin que se pudiera abordar su tratamiento por falta de recursos legales y técnicos.

Que todo ello hace necesario establecer pautas y obtener herramientas para lograr mayor transparencia de la información pública.

Que la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires están brindando apoyo y asesoramiento para regular mecanismos que lleven a esa mayor transparencia a través de la firma de Convenios con los Municipios.

Que en la actualidad, son numerosos los Intendentes que han suscripto el Convenio para:

“intercambiar experiencias en lo referido a regulaciones y mecanismos de transparencia de la información pública en lo que refiere a: actos de gobierno; regímenes de compras y contrataciones públicas; malversación y uso indebido de recursos públicos; detección de conflictos de intereses e incompatibilidades de funcionarios públicos; publicidad y control patrimonial de las declaraciones juradas; estándares de conducta y responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos; y regulaciones y mecanismos que favorezcan la participación de organizaciones de la sociedad civil en el control de los actos de gobierno”.